Estados pagan de más por derechos de vía

"El diablo está en los detalles'. El único requisito que pide el gobierno federal a los gobiernos estatales cuando abren las licitaciones para proyectos de infraestructura, es que tengan el proyecto ejecutivo y los derechos de vía (propiedad legal y jurídica sobre los terrenos) liberados.

La normatividad no permite que el gobierno construya infraestructura si no tiene previamente la tierra. El dolor de cabeza empieza cuando para liberar derechos de vía (o servidumbre, como también se le conoce) transcurren 145 días y, en algunos casos, hasta nueve meses, por lo que las autoridades estatales prefieren realizar pagos compensatorios para comprar los terrenos a los particulares.

"Y no es un recurso que tengan programados en sus presupuestos de egresos. De no hacerlo (los pagos compensatorios), la entidad es remplazada por otra que ya tiene las tierras", explica René Blanco González, director de Planeación de la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz.

Este año, el gobierno veracruzano ha invertido más de 200 millones de pesos (mdp) en derechos de vía.

De a cómo el terreno...

El problema tiene una raíz: por lo general, las estimaciones del valor de los terrenos que realiza el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) están por debajo del mercado.

La Ley General de Bienes Nacionales ordena pagar los terrenos a precios de mercado. "Son precios realmente muy bajos, pero eso es lo que valen", afirma Juan Pablo Gómez Morín Rivera, presidente del Indaabin.

El Instituto realiza alrededor de 12,000 avalúos al año, de los que sólo 2.3% recibe solicitudes de reconsideración.

Según el Instituto, la mayoría de las obras se construyen en extensiones agrícolas, de agostadero o ganaderas, cuyos valores de mercado varían desde 1 peso hasta un máximo de 20 pesos por hectárea (ha). Los mejores terrenos del país cuestan 200,000 pesos por ha (20 pesos el m2).

Las tierras de menor valor de mercado, como las desérticas o de montaña, valen 5,000 pesos por ha (50 centavos el m2).

Gómez Morín Rivera asegura que la gran mayoría de los avalúos del Indaabin son aceptados por los dueños de terrenos. Sin embargo, cuando los particulares se dan cuenta de que se va a construir una obra que cruza por sus tierras, dan por descontado que se va a realizar una gran inversión y piden más por su propiedad, como sucede con la refinería que se va a construir en Tula, Hidalgo.

"La gente, en lugar aceptar los 20 pesos que vale el m2 está pidiendo 1,000 pesos. ¡Y le suben 5,000%!", explica Gómez Morín.

La Ley General de Bienes Nacionales autoriza un pago mayor a los precios de mercado, cuando existan proyectos de infraestructura prioritarios o estratégicos, como sería el de la refinería.

Para Gómez Morín, existen dos salidas: que aquellos gobiernos estatales que legalmente lo puedan hacer, paguen por arriba del avalúo en efectivo o den a los particulares otros beneficios, como casas u obras municipales, para que acepten un precio determinado.

"Sobre un terreno por el que el propietario pedía 200,000 dólares, el Instituto resolvió que no podía pagar más que 190,000 dólares. El gobierno no lo adquirió, pero para darle la vuelta al terreno acabó pagando 6 millones de dólares. Eso es frecuente con la tubería de Pemex o con las propias carreteras de la SCT", dice Humberto Armenta González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Otras veces se encarga a los particulares la obtención del derecho de vía. Como en el caso de la carretera Saltillo-Monterrey concesionada a grupo Coconal y la firma ibérica Elsamex.

No lograron liberarlos a tiempo y el arranque de la obra se retrasó en perjuicio del consorcio, que no obtendrá ingresos por más tiempo del que tenía contemplado.