Tres años de peleas entre las empresas y Hacienda llegarán a su final esta semana, cuando la Suprema Corte decida si son legales o no los amparos promovidos contra el Impuesto al Activo (Impac). Un fallo contra las empresas significaría un duro golpe para las finanzas de los corporativos, que están imposibilitados para deducir sus deudas, pero un veredicto en contra de la Secretaría de Hacienda supondrá un agujero fiscal de 8,000 millones de pesos.
Los fiscalistas no están del todo seguros qué harán los once ministros de la Corte, que se espera den su sentencia mañana jueves.
"Estamos perdiendo la posibilidad de tener un país capitalizado y con grandes empresas", dijo en entrevista el socio director de Servicios Jurídicos Integrales de Ernst & Young (E&Y), Herbert Bettinger.
El especialista cree que el máximo tribunal no otorgará los amparos a las empresas.
"Los ministros están siendo muy cuidadosos en las resoluciones al respecto, aunque sí existen elementos para pelear esas controversias por la cuestión de los pagos del Impac, pero sería un descalabro para las finanzas del Gobierno", dijo en entrevista el director de la consultoría Asesores Profesionales, Demetrio Navarro.
La Secretaría de Hacienda ha calculado que los amparos podrían repercutir en unos 8,000 millones de pesos, contribuyendo a la caída en la recaudación tributaria que se espera para este año, por las afectaciones de la crisis financiera internacional.
"(Por eso mismo) me imagino que la Corte va a fallar en contra de nosotros, porque tiene el temor de que hacer justicia implique que la Secretaria de Hacienda tenga que regresar muchos millones de pesos", dijo Bettinger.
"En términos generales creo que el amparo debe de otorgarse a los contribuyentes y ya se han otorgado en el pasado, esperaría con que se sigan confirmando los amparos a favor de los contribuyentes", discrepó por su parte el socio director de la Práctica de Impuestos de E&Y, Carlos Cárdenas.
Historia de un conflicto
La reforma legislativa al Impac impulsada en 2006 provocó, desde entonces, un caudal de más de 15,000 amparos contra las medidas diseñadas por Hacienda y aprobadas por el Congreso. Los empresarios argumentan que es anticonstitucional gravar los activos brutos (activos más pasivos) de un negocio, y no permitir la deducción de las deudas.
Antes de ese año, el impuesto permitía deducir los créditos no contratados por el sistema financiero -como deudas al adquirir maquinaria o equipo para la producción-, sin embargo, la misma Suprema Corte indicó que esto rompía con el principio de igualdad, por lo que el Congreso de la Unión reformó la ley para permitir la deducción de todos los créditos.
Lo anterior multiplicó la contratación de deuda por parte de las empresas, por lo que el Congreso decidió en 2006 eliminar la posibilidad de deducir cualquier deuda en contra del activo de las empresas, ya que el impuesto estaba perdiendo su cometido de ser un gravamen de control.
La contrarreforma entró en vigor en 2007, provocando pérdidas para las empresas, ya que se calculaba sobre la base de los activos brutos con una tasa reducida al 1.25%, desde la anterior de 1.8%.
El lunes pasado, la Suprema Corte resolvió en contra de un amparo de la empresa Administradora Multiplaza S.A. de C.V., que argumentaba que la reforma del 2006 al Impac, violaba el principio de irretroactividad, proporcionalidad, seguridad jurídica y equidad.
A su vez, la SCJN decidió que la no deducibilidad de deudas en el Impac es constitucional.
Este órgano tendrá que resolver cuatro amparos más para dar respuesta a los miles de juicios, a su vez que sentará las bases para la resolución de estos en otras salas de justicia.
Anteriormente los juicios que se revolvieron ampararon el aspecto de la inflación y las deudas contratadas con terceras personas, sin embargo, "las sentencias parciales no cumplieron su cometido y en realidad no crearon una satisfacción ante la masa contribuyente porque no dieron nada", por eso mismo serán revisados los amparos que se promovieron por las 15,000 empresas, dijo Bettinger.
El Impac fue derogado en 2007 y en su lugar entró el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que también no permite la deducibilidad de los intereses, con una tasa que aumentó de 16.5% de 2008 a 17% para este año, enfrenta más de 30,000 amparos ante la SCJN.
9 pasos para comprender el IETU
Se espera que el próximo jueves el máximo tribunal de justicia continúe resolviendo los casos y definiendo las resoluciones ante los miles de amparos en contra del Impac.
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